San Martín: el kirchnerismo evitó adherirse al decreto sobre declaración de bienes

El oficialismo abandonó el recinto y dejó sin quórum la sesión. La oposición pretendía avanzar sobre el proyecto de adhesión al régimen de presentación de declaraciones juradas patrimoniales en la función pública.

JUEVES 19 DE MAYO DE 2016 . 21:30

(Foto: Este Online).

 
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Por Javier Disparti

La presentación de la declaración jurada de bienes no es una tarea que entusiasme a los intendentes mendocinos. Si bien es cierto que el decreto 1789/15 no los obliga a hacerlo (sólo los invita a “adherir”), únicamente cuatro de ellos han cumplido con la norma: Las Heras, Godoy Cruz, San Rafael y Santa Rosa.

Siguiendo el ejemplo de Las Heras, el primer municipio en adherirse a la norma, los concejales de la Unión Cívica Radical de San Martín presentaron un proyecto de ordenanza para sumarse al decreto provincial. Sin embargo, el bloque oficialista abandonó el recinto, dejando sin quórum la sesión.

La sesión legislativa se realizó el pasado lunes y comenzó con las ausencias estratégicas del presidente del Concejo Deliberante, Bartolomé Robles (FpV), y del ex radical y vicepresidente primero, Omar Abdo. Por este motivo, la presidencia recayó sobre la concejal justicialista Dalila Piccato.

Sin embargo, tras un receso solicitado por el edil Roberto Loyola (FpV), los concejales oficialistas Martín Días, Andrea Sacre y Osvaldo Gomina se retiraron del recinto en plena sesión. La misma actitud adoptaron sus aliados Rubén Tomasetti (FIT) y el alfonsinista Alfredo Laferriere.

De esta manera, el kirchnerismo frustró el debate sobre adhesión al régimen de presentación de declaraciones juradas patrimoniales en la función pública municipal. “Acudieron a una chicana barata para evitar que la gente conozca cuál es el patrimonio de las autoridades”, acusó el edil Sergio Dubé.

El ex presidente del Comité Departamental de la UCR agregó: “El que no quiera declarar su patrimonio que se dedique a otra cosa ya que ninguno de nosotros está obligado a ser funcionario público. No vaya a ser cosa que mañana nos encontremos con un Lázaro Báez local”.

El proyecto de ordenanza es una herramienta que permite información pública y la transparencia de las personas que tienen una responsabilidad en la función del ámbito municipal. Incluso prevé sanciones administrativas y hasta la inhabilitación perpetua de un cargo.

Según el artículo 11 del decreto 1789/15, los funcionarios que no cumplan con la declaración jurada de bienes serán “reprimidos con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”.

La Fiscalía de Estado, como autoridad de aplicación, establece un plazo máximo de 30 días para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, los que se computarán a partir de la fecha de entrada en vigencia de dicha ordenanza.

Tras la frustrada sesión, el próximo lunes 23 de mayo la oposición intentará avanzar sobre el debate de la ordenanza de adhesión. En caso que sea aprobada, el proyecto comprende desde el intendente hasta los secretarios de Gobierno, Obras y Servicios Públicos y Hacienda, directores, sub-directores, asesores, funcionarios, concejales, entre otros.

“Las leyes y ordenanzas de transparencia son herramientas imprescindibles para evitar y luchar contra el flagelo de la corrupción, y desde la política debemos adoptarlas, ya que satisfacen una demanda ciudadana de acceso a la información. Sería un error del justicialismo oponerse a esta iniciativa”, determinó el concejal Mauricio Petri (UCR).