La Suprema Corte de Mendoza resolvió en contra del sobreseimiento del ex intendente Sergio Salgado en dos causas por las que había sido condenado, pero que la Justicia de primera instancia consideró prescriptas. El máximo tribunal consideró que las causas de corrupción son imprescriptibles.

Desde el Ministerio Público Fiscal habían apelado la decisión del Tribunal Penal de San Martín que sobreseyó a Salgado en una causa de malversación de caudales públicos y otra de desobediencia. Con la firma de la jueza María Teresa Day la Corte revocó la sentencia del tribunal inferior señalan que los delitos cometidos entre diciembre de 2007 y abril de 2016 no prescriben.

Cabe recordar que hace cuatro años fue condenado en San Martín, junto a otros tres funcionarios, por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, desobediencia y concusión. Sin embargo, la defensa del ex jefe comunal presentó una serie de apelaciones ante la Justicia, las cuales fueron rechazadas hace unas semanas por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema de la Nación.

Cabe recordar que el 18 de junio de 2018, en el Palacio Judicial de San Martín, el tribunal presidido por Armando Martínez, Viviana Morici y Zaida Landini, también dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por su responsabilidad en los cuatro delitos en los que estaba imputado. Por estas causas, en la etapa de los alegatos, el fiscal Sebastián Campizzi había solicitado la misma pena.

Además de Salgado, también fueron condenados el ex jefe de Hacienda de Santa Rosa, Franco Ojeda; y el concejal peronista y ex jefe de Desarrollo Económico y Social, Marcial Ibarra, a tres años de cárcel. Mientras que el ex jefe de Acción Social, Guillermo Araya, fue condenado a dos años. Todos ellos tampoco podrán ejercer cargos públicos. En tanto, Gisela Ruggeri, quien se desempeñaba como secretaria privada, fue absuelta por el beneficio de la duda.

Cabe recordar que el ex intendente de Santa Rosa, quien afrontaba su tercer mandato desde 2007, renunció a la intendencia de Santa Rosa el 1 de abril de 2016 tras ser imputado por el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos, liberación de cheques sin fondos y asociación ilícita.

Ese mismo día quedó detenido en la penitenciaria provincial San Felipe. Luego, tras casi 8 meses (239 días), la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ordenó que Salgado recuperara la libertad. Lo hizo a través de un fallo de la sala II que llevó la firma de Omar Palermo, Jorge Horacio Nanclares y Julio Ramón Gómez, quienes le impusieron una caución de un millón de pesos.

Además, hace un año, Salgado fue condenado en los tribunales de San Martín por lesiones leves a su ex pareja, la ex reina departamental Bárbara Dorcemaine. Sin embargo, la jueza María del Valle Sierra determinó una pena de seis meses y por lo tanto no tuvo que regresar a la cárcel, donde había estado detenido de manera preventiva.

Las cuatro causas por las que Salgado fue condenado

Salgado llegó a juicio tras unificarse las diferentes causas en la que estaba imputado. Para la Justicia fue responsable en “concurso real” en la causa de concusión por el manejo discrecional de alrededor de 10 millones de pesos de la playa de estacionamiento de la megaferia La Salada.

Otras de las causas que complicó al ex intendente fue el delito de malversación de fondos públicos. En esta causa, a  Salgado fue acusado por el desvío de $1,5 millón que el ISCAMEN destinó el 30 de diciembre de 2011 para la construcción de una planta de destete de animales sobre un terreno privado en la Ruta Provincial 71.

También fue condenado por fraude a la administración pública (administración infiel) por la emisión de 28 facturas apócrifas y el pago con cheques del municipio por más de 1.3 millones de pesos a nombre del lubricentro Tirasso, de Guaymallén, una firma que no era proveedora de la comuna de Santa Rosa.

Por último, la causa más leve, fue el delito por desobediencia. En este caso es por no haber respondido un pedido de informes de la Fiscalía de Estado con fecha del 9 de setiembre de 2013 por la licitación de la planta de alimento de ganado.