Este año volverán las fotomultas por exceso de velocidad en la ruta nacional 7, en un tramo correspondiente al departamento de Santa Rosa. Se trata de una de las vías más peligrosas para transitar de acuerdo a las estadísticas oficiales de los últimos años.

La información fue confirmada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quien autorizó al municipio de Santa Rosa la instalación de 12 cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP.

En ese departamento del Este, la intendente peronista Flor Destéfanis ya instaló este sistema de fotomultas en la ruta provincial 50, puntualmente en la zona del distrito Las Catitas. Allí, las cámaras con detectores de velocidad captan la infracción y luego el sistema se encarga de enviar la multa al titular de la patente del vehículo involucrado.

¿Dónde estarán ubicadas las cámaras de velocidad? En los puntos kilométricos 966 (sentidos ascendente y descendente), 954 (sentidos ascendente y descendente) y 941 (sentidos ascendente y descendente) de la ruta nacional 7.

En los considerandos de la disposición 776/2023, del expediente 2023-49542064, la Agencia Nacional de Seguridad Vial resaltó que la "Ley N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones, como así también el uso de estos sistemas por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los mismos deberá coordinarse con los demás organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650".

Además, indicó que "es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos, fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores de velocidad".

Los radares comenzarían a funcionar en diciembre y se multarán a quienes superen la velocidad máxima de 110 km/h. El que supere esa velocidad será notificado y tendrá la posibilidad de acceder a un link, donde se le mostrará un video con el momento y la hora exacta en la que cometió la infracción. El monto de las multas aún no ha sido confirmado, pero rondaría los 50 mil pesos.

El antecedente que terminó en una denuncia penal

Un sistema similar de fotomultas funcionó cinco años en la ruta nacional 7 en San Martín. Finalmente, en setiembre de 2021, tras vencerse la concesión, el intendente radical Raúl Rufeil eliminó las fotomultas por considerarlas que representaban "un negocio recaudatorio para la empresa que lo explotaba".

Cabe recordar que las fotomultas fueron impulsadas por el exintendente peronista Jorge Giménez. El 14 de mayo de 2015 se firmó el primer contrato de concesión a la empresa entrerriana Systeco (Sistemas y Servicios Tecnológicos de Control), la única oferente que se presentó a la licitación pública 116/2014, para "proveer un sistema electrónico de tres radares para controlar las infracciones de tránsito por exceso de velocidad".

Según el convenio celebrado, el municipio le asignó el 60% (inicialmente fue del 70%) de la recaudación percibida por las infracciones cobradas, lo que estaba expresamente prohibido por la Ley Nacional de Tránsito 26.353. Al igual que tampoco cumplía con la detención e individualización del supuesto infractor.

Por este motivo, a pocos meses de las elecciones municipales de setiembre de 2019, los concejales radicales denunciaron penalmente a Giménez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos por la implementación del sistema de radares y fotomultas.

A esta conclusión llegaron los ediles de Cambia Mendoza tras detectar una “larga lista de irregularidades” y un contrato “plagado de vicios” en la concesión del servicio para el control del exceso de velocidad en la Ruta nacional 7. En la denuncia detallaron una “larga lista de irregularidades” y un contrato “plagado de vicios”.

Otro punto polémico fue la forma que se tomaban las multas (personas ubicadas en el interior de una camioneta sin registración) y los lugares donde se ubicaban los puestos de control. Muchas veces los operativos estaban apostados ilegalmente en retornos de la ruta 7 y en entradas o salidas de puentes.