Abandonada y paralizada. Así se encuentra la construcción del edificio de la policía y del juzgado vial de la Municipalidad de San Martín. Una obra que tendría que haber estado finalizada en julio de 2023 con el propósito de reducir los gastos en el alquiler de tres costosos inmuebles. Sin embargo, hasta el momento y en el medio de un asunto legal, no hay signos de que se vaya a reactivar en el corto plazo.

El edificio se encuentra ubicado en un predio de 1.000 metros cuadrados en la intersección de la avenida Lima y calle Jorge Luis Borges. Una esquina que se ha convertido en un peligro para la seguridad de los vecinos de la zona, porque sus paredes nunca fueron terminadas y cuenta con un precario cierre que no evita el acceso de inadaptados. Las veredas son inexistentes, las varillas de hierro se encuentran dobladas, oxidadas, apareciendo desde una estructura despojada y oscura. 

Cabe recordar que su construcción fue anunciada a mediados de 2022 con una inversión de 157 millones de pesos con fondos municipales, pero tras la inflación acumulada en los últimos dos años, el costo final será significativamente mayor. El plazo de la obra era de 12 meses y tendría que haber sido finalizada el 31 de julio de 2023. De acuerdo al detalle del plano, el edificio debería contar con dos plantas, donde funcionarán las dependencias de la Policía y el Juzgado Vial, Recursos Humanos, Inspección y Bromatología.

“Nuestra gestión es la de un municipio austero, que busca direccionar fondos a los proyectos que le hacen falta a la comunidad. Y una forma de austeridad es lograr dejar de pagar alquileres. Por eso vamos a construir un nuevo edificio propio, para mudar allí algunas dependencias, mejorar los servicios y ahorrar en alquileres”, comentó el intendente Raúl Rufeil, a mediados de 2022, durante la firma del contrato de obra con la empresa Canandes SA, que además tenía a cargo la remodelación de la plaza del barrio Ferrisi.

Sin embargo, hace cinco meses, tras no observarse avances en la edificación del inmueble, el municipio de San Martín tomó posesión de la obra debido a los incumplimientos de la empresa Canades, según el decreto 1455, emitido el 28 de agosto de 2023.

“Hablamos de una obra que se debería haber terminado en 2023. Luego se otorgó un plazo de gracia de 257 días más y tampoco la finalizaron. Ante esta situación, se avanzó en la resolución del contrato en forma unilateral entendiendo que hay incumplimiento de una de las partes, siendo la normativa aplicable la Ley de Obra Pública de la Provincia de Mendoza N° 4416 y su decreto reglamentario N° 313", explicaron desde el municipio con un comunicado de prensa.