Con la promesa de obtener la casa propia, un hombre estafó al menos a treinta familias de diferentes partes de la zona Este en más de 400 mil pesos. El estafador convencía a sus víctimas diciéndoles que tenía "contactos políticos" con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Algunos damnificados aseguran que le entregaron entre 12.000 y 25.000 pesos durante los últimos meses. A cambio del dinero recibían un simple recibo y hasta fotos de las casas que, supuestamente, iban a ser desadjudicadas a morosos que no habían pagado las cuotas al organismo provincial.

“Todos tenemos la necesidad de la vivienda propia, muchos alquilan con sus bebés, hay familias con chicos discapacitados, otras personas tienen problemas de salud. Nosotros fuimos convocándonos y llegamos a ser un grupo importante de familias”, explicó a Este Online una de las víctimas.

La mujer relató que conoció al estafador en 2017, cuando se presentó junto a un amigo que también fue engañado. “Él nos comentó que tenía contactos con el Instituto Provincial de la Vivienda y que se encargaba de reubicarnos en aquellas casas que iban a ser desadjudicadas por falta de pago”.

Las maniobras del estafador, identificado por sus víctimas como Juan Ahumada, consistían en crear lazos de confianza y hasta los incluía en grupos de WhatsApp. Para inscribirlos o asegurarles una vacante, el farsante les cobraba más de 10 mil pesos iniciales y luego cuotas mensuales que eran destinadas a “cuestiones administrativas”.

Con el transcurso de los meses, las familias fueron descubriendo lo peor: no había viviendas para ellos. “Todo lo que habíamos sospechado terminó siendo verdad. Siempre se iba postergando la entrega de las casas que, supuestamente, nos iba a entregar esta semana en el IPV”, señaló.

“Nos íbamos a reunir el martes con él para recibir las llaves, pero desde hace una semana se borró del WhatsApp y tampoco atiende las llamadas”, sostuvo uno de los damnificados, quien también señaló a una mujer que sería partícipe de esta nueva estafa que se repite en la provincia.

Ante esta situación, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salamone, aclaró que “el IPV no tiene gestores que vendan carpetas de viviendas; nos hemos cansado de decirlo”. Al mismo tiempo, advirtió que ante cualquier duda se dirijan al organismo provincial o a las direcciones de vivienda de cada municipio.

“Lamentamos esta situación de unos ‘vivos’ que se aprovechan de distintas necesidades, diciendo que tienen contactos en la política. No es más que el mismo modus operandi que se ha repetido en otras oportunidades para estafar a familias mendocinas en función de falsas promesas”, indicó Salamone, a Este Online, tras la entrega de tres barrios en el Este.

 

Casi mil morosos del IPV podrían perder su vivienda

Desde 2016, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) inició un programa para que se regularicen las deudas de todos los morosos. Para eso se identifica al deudor (más de 3 cuotas impagas), se lo notifica bajo puerta y si a los 10 días no responde se envía la base al Veraz de todos los deudores (ya se han enviado cerca de 3 mil deudores).

Este organismo vuelve a notificar para que se presente al IPV y regularice la deuda con alternativas para refinanciar la mora. Si el adjudicatario pasados los 21 días no responde, se pasa a la siguiente medida, que es iniciar un expediente de ejecución de hipoteca o desadjudicación, dependiendo cómo esté la vivienda, si tiene o no escritura. 

Teniendo en cuenta esta situación, actualmente hay cerca de 29.250 adjudicatarios que deben cuotas de su vivienda y la morosidad asciende a 200 millones de pesos. Hasta el momento, hay 19 expedientes caratulados con ejecución hipotecaria y otros 880 casos que corresponden a desadjudicación y desalojo administrativo.

Según datos del IPV, el 63% son adjudicatarios que adeudan cuotas irrisorias de hasta $100, el 26% debe cuotas mensuales de $100 a $1.000, y el 11% corresponde a aquellos que adeudan cuotas de más de $1.000. Es decir, el gran porcentaje de los morosos deben cuotas de $17 a $100, lo que dificulta el recupero del gasto público para continuar construyendo soluciones habitacionales.

“La última instancia es el desalojo para aquellos que no tienen la escritura definitiva. Estamos tratando que se pongan al día y atender aquellos casos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Necesitamos que cumplan con el pago de la cuota para que el sistema siga funcionando y todos puedan tener su casa”, sostuvo Salamone.

Hay que destacar que por esta situación ya se ejecutaron los primeros nueve pedidos de ejecución hipotecaria y otros 880 casos de expedientes para desalojar las viviendas por “desadjudicación” por situación crítica. “Si no se regularizan pronto esas viviendas, serán desalojadas y se adjudicarán a otras personas inscriptas en el IPV”, advirtió el funcionario sobre la situación.