Durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador Alfredo anunció que en breve enviará a la Legislatura “un proyecto de ley para hacerle frente a otro flagelo cotidiano: el robo y la venta de ruedas, llantas, neumáticos y autopartes de automotores que a diario sufren decenas de mendocinos”.

Explicó que “la iniciativa prevé la derogación de la Ley 7558 para completar el circuito del control estatal, capaz de desalentar y castigar la venta de bienes de dudosa procedencia en establecimientos dedicados a la compra y venta, facultando a la Justicia a la destrucción de las autopartes y hasta la clausura del local, en caso de detectar irregularidades”.

El mandatario provincial destacó que “adecuar leyes es acompañar los cambios sociales y evitar vacíos legales que permitan consagrar la impunidad”. Luego detalló algunos de los logros en materia de seguridad tras informar que “de una tasa de 9 homicidios cada 100 mil habitantes, pasamos a una de 5 en 2018, lo que constituye la más baja de los últimos 19 años”.

Además, sostuvo que “se llegaron a reportar cerca de 1.100 robos a mano a armada por mes en la provincia y al día de hoy promediamos los 490 mensuales, lo que significa una disminución durante nuestro gobierno del 50%”.

Ante esta situación, este jueves, el Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que prevé frenar el robo y la reventa de cubiertas y autopartes en la provincia. El proyecto busca desalentar el robo y la venta de ruedas, llantas, neumáticos y partes de automotores que a diario sufren los mendocinos.

A su vez, se pretende disminuir la compra de bienes de dudosa procedencia, como así también la presencia del Estado en el control permanente de los establecimientos dedicados a la compra y venta de autopartes y de neumáticos.

De esta manera, con la llegada de este proyecto a la Legislatura  se reformará la ley provincial de adhesión a la ley Nacional de Autopartes (25761).

El ministro de Seguridad, Gianni Venier destacó que “en los allanamientos encontrábamos que las piezas se quedaban en los desarmaderos, con lo cual volvían a venderse las herramientas que se habían sacado de los vehículos”.

En este sentido, el proyecto contempla que a los policías que investigan los desarmaderos ahora se sumen los fiscales.

Por otro lado, las autopartes serán tomadas como material peligroso, como sucede con las drogas, y habrá un lapso de 24 horas, después de una medida judicial, para destruirlas. De esta manera,  no volverán a ser comercializadas y se desactivará el mercado de los desarmaderos.

El foco también estará puesto en los compradores para evitar que adquieran elementos robados. En esos casos se le podrá aplicar el artículo 116 del Código Contravencional, el cual establece: “El que adquiriere o recibiere por cualquier título cosas que, por su calidad o por las condiciones del que las ofrece, o por el precio, tuviere motivo para sospechar que provienen de un delito, será sancionado con multa desde cuatro mil (4.000) U.F. hasta seis mil (6.000) U.F. o arresto desde cuarenta (40) días hasta sesenta (60) días”.