En materia de Seguridad, tal vez una de las áreas más sensibles, Cornejo mencionó que el Gobierno se encontró con una policía en decidido estado de abandono. “Se canceló la deuda con los proveedores del sistema Tetra, y se ha ampliado el sistema en 2.610 km2, lo que permite cubrir franjas de la provincia que estaban desprotegidas”.

También mencionó que en 2015 había sólo 385 móviles provinciales, sin equipamiento ni tecnología, que sólo podían cargar combustibles en apenas 8 estaciones de servicio de Mendoza. “Hoy contamos con 1.124 movilidades con GPS, muchos de estos son patrulleros equipados con lectores de huellas, reconocimiento facial y de patentes, lo que permite avanzar en la prevención y persecución del delito”.

“Pero además, después de tres años, gastamos casi lo mismo en combustibles, 65 millones de pesos, con el triple más de móviles y con sucesivos incrementos del valor de las naftas en estos años, pudiendo ahora cargar en cualquier estación de la Provincia con el programa YPF en Ruta”.

También mencionó la construcción de 2.200 nuevas plazas penitenciarias en la cárcel Federal, Almafuerte II, las ampliaciones de Borbollón, Valle de Uco, Colonia San Rafael, así como el complejo Agua de las Avispas. Asimismo se refaccionaron en estos 4 años, 60 comisarías en toda la provincia, algunas de ellas, nunca reparadas en los últimos 60 años.

Esta gestión impulsó una política criminal que representó un avance en la forma de administrar justicia. Entre otras, la ley de prisiones preventivas en el contexto de casi 30 reformas de seguridad, permitieron que haya 900 delincuentes más detenidos que antes estaban sueltos, que implica que todos los mendocinos estemos menos amenazados y más seguros.

La reforma del Código Procesal Penal permitió en este tiempo el aumento de las detenciones y la baja de los robos agravados, mientras que los cambios en el Código Procesal Civil incorporaron la oralidad en los procesos y tecnología para disminuir los plazos de las causas.

Actualmente se está implementando el Sistema de Juicio por Jurados Populares en nuestra provincia, que permite la participación de la ciudadanía en el juzgamiento de los delitos más graves y un derecho del acusado a ser juzgado por sus pares.

En el fuero civil, se sancionó el régimen procesal de Extinción de Dominio, que regula un proceso civil autónomo del proceso penal y que otorga herramientas ágiles a la justicia para recuperar los bienes producto del delito, en especial de los delitos vinculados con la corrupción, para que vuelvan al Estado y este lo utilice para políticas públicas, como por ejemplo la construcción y reparación de escuelas.

La ley de trabajo de los presos ha sido otro de los pilares de mi gestión, que apuntó a atacar la ociosidad en las cárceles y logró que el 82% de los detenidos trabajen. Antes, ese porcentaje no llegaba al 15%. De ese 82% que trabaja, el 52% también estudia. Mendoza tiene la tasa más alta del país de estudios universitarios entre sus internos penitenciarios, incluso, aplicando en algunos casos aulas virtuales.

Se revirtió la tasa de procesados y condenados. Al inicio de la gestión había 62% de procesados y 38% de condenados. Ahora tenemos más condenados que procesados, casi en los mismos valores pero invertidos, gracias a las aceleraciones procesales, bajando los plazos del proceso de 2 años y medio, a 1 año y 1 mes. Así, se le dio celeridad a la Justicia y se superó la eterna crítica de los organismos de derechos humanos sobre los largos procesos de detención sin condena.

También hemos avanzado mucho en materia de equipamiento, en 2015 había menos de 2.000 chalecos para los 9.700 policías que existían cuando asumimos (y casi todos vencidos), faltaban armas y directamente no habían municiones. Hoy tenemos chalecos para todos los policías, incluso, anatómicos para mujeres que antes directamente no existían. Lo mismo sucede con la provisión de armas y municiones. Cada efectivo cuenta con su arma y su provisión de municiones, incluidas las de la práctica de tiro.

Se creó por ley el defensor del Policía, que frente a cualquier enfrentamiento, en los primeros momentos, lo asisten tanto en el plano legal como en la investigación. Así, el policía se siente respaldado por el Estado para trabajar dentro de las atribuciones de la ley.

En el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) se incrementaron los requisitos para ingreso, y pese a ello, este año hubo 1.600 inscriptos de los cuales finalmente ingresaron algo más de 200. Antes, incluso flexibilizando las condiciones de ingreso, como la exigencia del título secundario, no se podían cubrir todas las vacantes. Los nuevos policías serán esencialmente mejor formados. Hoy, por ejemplo, todos egresan con licencia de conducir, algo que antes no ocurría.

El avance más notable en política de seguridad, es el laboratorio de ADN, el mejor del país y uno de los mejores de Latinoamérica, que ya tiene casi 40 mil perfiles genéticos cargados de todos los imputados de la provincia. “Esto radica en mayor velocidad probatoria, como hemos visto recientemente en varios casos resonantes en la opinión pública, que se han resuelto con la utilización de esta tecnología”, cerró el mandatario provincial.