Como lo anunció el 1 de mayo, el Gobernador Rodolfo Suarez envió el proyecto de ley para reformar la Constitución provincial. El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, fue quien lo presentó en la Legislatura.
Con el propósito de promover un salto de calidad en la vida institucional de Mendoza, disminuir sustancialmente el "gasto de la política", mejorar los controles públicos y extender derechos, estoy enviando el proyecto de Reforma Institucional a la Legislatura. #AdelanteMendoza
— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) August 11, 2020
La iniciativa se sustenta en distintos ejes que apuntan a lograr una disminución sustancial del costo de la política, una mayor calidad institucional y mejores controles en el manejo del sector público.
Revisar la composición del Legislativo, su estructura, la duración de los mandatos, la eliminación de elecciones intermedias, la representación de los municipios, la elección del gobernador o poner un límite razonable (70 años) al mandato de los jueces son todos elementos que hacen a una auténtica reforma política que busca optimizar el funcionamiento del Estado acercándolo a la ciudadanía.
Sobre los puntos principales del proyecto, el ministro señaló: “Estamos cumpliendo con una promesa de campaña. La reforma constitucional asienta sobre el respeto institucional habilitando temas a debatir como la introducción de un sistema unicameral disminuyendo el gasto político, eliminación de elecciones intermedias y limitación a un solo período de reelección para cargos legislativos y municipales”.
“Creemos que el equilibrio fiscal es fundamental como derecho de los ciudadanos y también como una obligación del Estado. Permite pensar un Estado a largo plazo, con recursos eficientes. El Gobernador cree fuertemente en este principio, que no se encuentra en ninguna de las constituciones provinciales argentinas”, señaló Ibañez.
Para finalizar, Ibañez resaltó que este proyecto “es una necesidad de un Estado más eficiente en el uso de sus recursos con una disminución de un gasto político y que tenga una herramienta institucional aggiornada a los tiempos”.
Bajar el costo de la política, optimizando los recursos del Estado
Se busca transformar el Poder Legislativo en unicameral, asegurando así la representación territorial de todos los municipios y sin elecciones intermedias, al incorporar la representación poblacional y territorial con una composición que no podrá superar los 48 legisladores.
Actualmente, los departamentos de Malargüe, Rivadavia y Tupungato no tienen representación en la Cámara de Diputados, en tanto que Santa Rosa, Tunuyán y Junín no tienen senadores que los representen.
El equilibrio fiscal
Finalmente, atravesando todos estos cambios, la consagración del principio del equilibrio fiscal como un derecho de todos los mendocinos es otra de las claves de este eje con el que se busca asegurar una adecuada relación entre ingresos y egresos. De esta manera, sin equilibrio fiscal no se permitirán los ingresos al Estado, entre otros temas.
Lograr mayor calidad institucional
Se trata de impulsar una serie de reformas puntuales que expresamente excluyen la discusión de la reelección del gobernador.
Eliminar las elecciones de medio término es otro de los puntos. Junto con el ahorro en términos monetarios, generará un menor “costo” en términos institucionales, desde que no se destinará tiempo a la definición de candidatos -internas o PASO-, a las campañas, entre otros aspectos, permitiendo que la Legislatura tenga cuatro años de labor ininterrumpida en sesiones extendidas acordes con un Estado moderno.
En este esquema, la introducción de la doble vuelta en el sistema de elección del gobernador garantiza un Ejecutivo dotado de suficiente legitimación popular para llevar adelante, en sus cuatro años de mandato no prorrogables, todos los proyectos que, en definitiva, determinaron su elección por el pueblo.
La reforma también permitirá adecuar nuestra Constitución a los nuevos avances en materia de derechos, destacando en este aspecto la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y privado.
Mejores controles en el manejo del sector público
Se mantiene, casi en su totalidad, el esquema institucional pero adaptándolo a las nuevas demandas de la población, como el establecimiento de la no reelección del gobernador o la limitación del resto de los mandatos. También se establece como edad máxima para el ejercicio de la magistratura la de 70 años.
Se persigue la incorporación de nuevas herramientas de participación, tanto de forma directa como ampliando el universo de quienes acceden al sufragio. Para ello, entre otros temas, se reconoce el derecho al voto voluntario para los jóvenes de 16 años y a los miembros de la Policía.
Además, se apunta a la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero, adaptando así el texto provincial a la letra expresa de la Constitución Nacional.