Los costos de reparación o reemplazo son millonarios y debe asumirlos el municipio, es decir, los ciudadanos, víctimas de quienes creen que dañar espacios públicos y monumentos; romper vidrios, pintar grafitis o robar parte de la estructura de algún bien público o privado es la mejor manera de expresar su descontento social.

Según un informe de la Municipalidad de San Martín, durante el año ya se destinó un promedio de 32 millones de pesos para reponer más de 160 luminarias led como consecuencia del vandalismo. “Ese gasto no incluye los accesorios que hay que reponer, ni la mano de obra que se genera para reparar y reemplazar cada artefacto sustraído o dañado” comentó Raúl Tamagnone, director de Servicios Públicos, de la Comuna.

Cabe mencionar que esta erogación millonaria no incluye la recuperación de esculturas y monumentos, cambiar contenedores de residuos, limpiar paredes con grafitis y reparar otros daños que se producen en el espacio público. Dinero que podría destinarse a otras necesidades que requiere el departamento.

Los fondos se destinan a dos rubros principales. El más oneroso corresponde a las luminarias y los contenedores para la basura, que son golpeados por vehículos, incendiados y pintados. En segundo lugar, están los daños contra el mobiliario urbano y los espacios verdes, desde la rotura de carteles, esculturas, veredas y bancos, hasta la limpieza de los grafitis.

Se ha hecho una cultura del vandalismo que no se controla ni sanciona. En general, los vándalos procuran no ser vistos y se amparan en el anonimato. Sin la presencia de móviles de preventores o policiales en el horario nocturno -cuando mayormente ocurren los hechos vandálicos- se recurre a la participación ciudadana llamando al 911. La mayoría de los casos, o al menos los más repetitivos, ocurren en las principales plazas y en el parque Agnesi.

La sociedad no puede resignarse a la agresión permanente y sistemática contra el patrimonio público y privado. Se debe actuar con firmeza en el respeto a la ley para cuidar y preservar no solo la integridad de los bienes públicos y privados, sino también el bolsillo de los contribuyentes, que, con sus impuestos, pagan los daños ocasionados por estos inadaptados.