El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, deberá continuar en la cárcel por diferentes causas de corrupción. Así lo ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un fallo unánime de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Esta decisión del máximo tribunal confirma que el ex dirigente peronista seguirá cumpliendo una condena de 6 años en la penitenciaria San Felipe, donde está alojado desde 2018. Esa pena se unificó y creció en julio pasado, cuando el ex intendente kirchnerista recibió una nueva condena por la emisión de 486 cheques sin fondos.
Ya en setiembre de 2023 había recibido un nuevo revés judicial cuando la jueza María Laura Quatrini le negó la prisión domiciliaria. La defensa había argumentado que su cliente debía hacerse cargo del cuidado de sus padres que padecian enfermedades crónicas y de un hermano con discapacidad.
La pesadilla judicial para Salgado comenzó el 2 de abril de 2016, cuando fue detenido y alojado en la cárcel San Felipe mientras transitaba su tercer mandato como intendente de Santa Rosa. Ese día fue imputado por el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, por los delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos, liberación de cheques sin fondos y asociación ilícita.
Luego, tras casi 8 meses (239 días), Salgado recuperó la libertad tras un fallo de Omar Palermo, Jorge Horacio Nanclares y Julio Ramón Gómez, de la sala II de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, quienes le impusieron una caución de un millón de pesos.
Posteriormente, Salgado regresó a los tribunales de San Martín, pero esta vez fue condenado por lesiones leves a su ex pareja y ex reina departamental, Bárbara Dorcemaine. Sin embargo, la jueza María del Valle Sierra determinó una pena de seis meses y por lo tanto no tuvo que regresar a la cárcel, donde había estado detenido de manera preventiva.
Sin embargo el 18 de junio de 2018, en el Palacio Judicial de San Martín, el tribunal presidido por Armando Martínez, Viviana Morici y Zaida Landini, lo condenó por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, desobediencia y concusión. Además recibió la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Además de Salgado, también fueron condenados otros tres funcionarios: el ex jefe de Hacienda de Santa Rosa, Franco Ojeda (3 años); el concejal peronista y ex jefe de Desarrollo Económico y Social, Marcial Ibarra (3 años); y el ex jefe de Acción Social, Guillermo Araya (2 años). Ninguno de ellos tampoco podrá ejercer cargos públicos. En tanto, Gisela Ruggeri, quien se desempeñaba como secretaria privada, fue absuelta por el beneficio de la duda.
Posteriormente, en junio de 2022, la Suprema Corte de Mendoza resolvió en contra del sobreseimiento del ex intendente Sergio Salgado en dos causas por las que había sido condenado, al considerar que las causas de corrupción son imprescriptibles.
Desde el Ministerio Público Fiscal habían apelado la decisión del Tribunal Penal de San Martín que sobreseyó a Salgado en una causa de malversación de caudales públicos y otra de desobediencia. Con la firma de la jueza María Teresa Day, la Corte revocó la sentencia del tribunal inferior al señalar que los delitos cometidos entre diciembre de 2007 y abril de 2016 no prescriben.
Causas de corrupción
Salgado llegó a juicio tras unificarse las diferentes causas en la que estaba imputado. Para la Justicia fue responsable en “concurso real” en la causa de concusión por el manejo discrecional de alrededor de 10 millones de pesos de la playa de estacionamiento de la megaferia La Salada.
Otras de las causas que complicó al ex intendente fue el delito de malversación de fondos públicos. En esta causa, a Salgado fue acusado por el desvío de $1,5 millón que el ISCAMEN destinó el 30 de diciembre de 2011 para la construcción de una planta de destete de animales sobre un terreno privado en la Ruta Provincial 71.
También fue condenado por fraude a la administración pública (administración infiel) por la emisión de 28 facturas apócrifas y el pago con cheques del municipio por más de 1.3 millones de pesos a nombre del lubricentro Tirasso, de Guaymallén, una firma que no era proveedora de la comuna de Santa Rosa.
Por último, la causa más leve, fue el delito por desobediencia. En este caso es por no haber respondido un pedido de informes de la Fiscalía de Estado con fecha del 9 de setiembre de 2013 por la licitación de la planta de alimento de ganado.
