La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que establece los lineamientos y requisitos mínimos que deberán cumplir los cuerpos de seguridad ciudadana que decidan implementar los municipios de la provincia.

La iniciativa se enmarca en una estrategia integral de seguridad que reconoce la interrelación entre la seguridad pública y la privada. “El año pasado se implementó un ordenamiento para la seguridad privada, considerando que este sector, junto con la seguridad pública en los tres niveles de gobierno (nación, provincia y municipio), forma un sistema integral de protección ciudadana”, explicó Rus tras detallar que por ello este año “se avanzará en el fortalecimiento de la seguridad a nivel local, complementando los progresos anteriores en el ámbito privado”.

La normativa retoma y actualiza una propuesta presentada en setiembre de 2023 cuando la ministra de Seguridad y Justicia era legisladora. Se trata de una reversión que fue revisada y ajustada para adaptarse a las necesidades y realidades actuales de los municipios y la ciudadanía mendocina.

El proyecto de ley establece que los municipios serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar la formación de sus integrantes. La capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

Además, se prevé que, con la debida autorización del Ministerio de Seguridad, los agentes municipales puedan utilizar armas de baja letalidad, como bastones, aerosoles disuasivos, pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea, pero en ningún caso armas de fuego.

También podrán emplear recursos como drones y canes adiestrados, siempre que se cumplan los requisitos legales y se certifique el entrenamiento correspondiente. En cuanto al uso de armas de baja letalidad, la ministra aclaró que la capacitación y entrenamiento de los cuerpos estará a cargo del ministerio.

El proyecto también establece que los cuerpos municipales no podrán portar armas de fuego, y prohíbe el uso de uniformes, escudos o insignias que puedan confundirse con los de las fuerzas policiales. “Cada municipio deberá definir una identidad visual propia que refleje el carácter preventivo de estos cuerpos”, detalló la ministra.