Este lunes se realizó la audiencia pública para el mantenimiento y operación de rutas nacionales. El Gobierno nacional sigue su marcha rumbo a la tercera etapa del plan de concesiones viales bajo el esquema de la Red Federal de Caminos. El foco estuvo puesto en el tramo “Cuyo”, que abarca 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7, desde el límite con San Luis hasta el Cristo Redentor, más un ramal de la Ruta 40.
De la audiencia participó el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Dubé, y los secretarios de Gobierno, Mauricio Petri; de Obras, Jesús Da Pra; de Legal y Técnica, Walter Sar Sar; y de Hacienda, Gustavo Pérez, junto a otros funcionarios municipales.
Durante el encuentro, presidido por Martín Zangirolami y con la exposición técnica de Emma Albrieu Cipollina, gerenta de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional, se detallaron las principales condiciones que regirán la licitación, incluyendo la instalación de nuevas estaciones de peaje, el régimen tarifario.
Entre los puntos clave, se destacó que al actual peaje de La Paz se sumarán tres nuevas estaciones: una en la Variante Palmira (kilómetro 970), otra en Potrerillos (km 1080), y la última en las cercanías del Cristo Redentor (km 1234). Estas ubicaciones tendrán siete categorías de vehículos, incluyendo por primera vez a las motos, que también tendrán a pagar peaje. Los camiones abonarán según el número de ejes, alineando la tarifa con el impacto estructural que generan sobre las rutas.
Una de las novedades del sistema es la incorporación del free flow, tecnología que permite el cobro sin detención de los vehículos. Además de mejorar la fluidez del tránsito, se busca reducir el impacto ambiental generado por las frenadas y aceleraciones. Los usuarios que sigan optando por el pago manual abonarán el doble que quienes usen telepeaje.
También se incorporará un sistema de pesaje (previo a los pórticos). De esta manera, aquellos camiones que circulen con cargas por encima del 20% de lo permitido deberán abonar hasta 50 veces la tarifa normal, lo que busca desalentar el sobrepeso que daña la estructura de las rutas.
La concesión tendrá una duración de hasta 20 años y será autosustentable, sin subsidios estatales ni pago de canon. El concesionario podrá aplicar una tarifa de oferta solo una vez completada la puesta en valor del tramo. Hasta entonces, deberá mantener la tarifa vigente al momento de la adjudicación, ajustada semestralmente por inflación en mano de obra, asfalto y gasoil.
En cuanto a las obras que deberán realizar los concesionarios, se dividen en tres grandes grupos: mantenimiento rutinario, obras obligatorias y obras iniciales de puesta en valor. Estas últimas son las más exigentes: deben realizarse en todo el tramo concesionado durante el primer año, e incluyen desde bacheo intensivo hasta iluminación, señalización, corte de pasto y reparación de banquinas. Si estas tareas no se ejecutan en tiempo y forma, se rescindirá el contrato.
Dentro de las obras obligatorias, se destacan dos proyectos clave en Uspallata: la construcción de una nueva rotonda en la intersección de calle Las Heras con las rutas 7 y 149, y la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata, ambos considerados esenciales para mejorar la seguridad y conectividad vial de la zona.
Las obras de rehabilitación abarcan intervenciones más profundas en la calzada, como fresado, repavimentación, señalización horizontal y reparación de barandas. Estas tareas deben adecuarse a los parámetros técnicos fijados en los pliegos y estarán sujetas a controles periódicos.