La crisis estructural del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo de alto impacto laboral, prestacional y judicial. Tras la decisión de disolver el organismo en febrero de 2026 para dar paso a una nueva estructura, el Poder Ejecutivo ratificó un cambio en las condiciones de liquidación que deja sin efecto la estabilidad de la dotación y desencadenó una ola de desvinculaciones en todo el país.
El escenario agrava la situación de los beneficiarios y vuelve a colocar bajo análisis la conducción del exministro de Defensa Luis Petri, salpicado por el fuerte deterioro de las cuentas públicas, la contratación de un préstamo multimillonario y dos expedientes penales que quedaron unificados en los tribunales federales de Comodoro Py.
Cambio de reglas y 1.450 puestos de trabajo en riesgo
La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1286/2026 en el Boletín Oficial reformó el artículo 7° del Decreto 88/2026. La normativa original preveía la transferencia integral de activos y personal hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Sin embargo, el nuevo texto otorgó al directorio de la OSFA la facultad discrecional de determinar cuáles son los puestos operativos necesarios para su funcionamiento, eliminando el pase automático de los trabajadores.
De acuerdo con el relevamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), conducida a nivel nacional por Rodolfo Aguiar:
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1.000 trabajadores pasarían a la nueva estructura de OSFA.
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450 empleados de planta permanente quedarían en condición de disponibilidad hasta su eventual reubicación o baja.
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1.000 contratos serían dados de baja.
En total, el gremio calcula que 1.450 personas quedarán fuera del organismo. Desde el 2 de noviembre comenzaron a notificarse desvinculaciones mediante cartas documento en distintas delegaciones, farmacias y policonsultorios.
El Gobierno nacional justificó el ajuste en la necesidad de adecuar la planta al nuevo alcance de la OSFA, luego de que el personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval pasara a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). A su vez, se fijó un tope del 8% de los recursos para gastos administrativos con el fin de evitar desequilibrios presupuestarios.
Deterioro prestacional e impacto regional en Mendoza
El recorte de personal y la reorganización administrativa traen aparejados el cierre de delegaciones presenciales,centros médicos y farmacias propias, lo que dificulta la realización de trámites, reintegros y atención médica básica para los aproximadamente 352.000 afiliados a nivel nacional.
El cuadro adquiere particular gravedad en la Provincia de Mendoza, donde la crisis afecta a unos 40.000 beneficiarios totales:
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Zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz): Registra entre 3.500 afiliados directos y un impacto global de 6.000 a 8.500 personas contando a sus grupos familiares.
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Padrón concentrado: El 80% corresponde a retirados, pensionados y veteranos del Ejército y Fuerza Aérea,sumados a personal de Gendarmería (Escuadrón 64) y Policía Federal. El 20% restante abarca a efectivos en servicio activo de Gendarmería y la PSA en la Ruta Nacional 7.
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Corte total de prestadores: A diferencia del Gran Mendoza —donde el vaciamiento de la farmacia propia y del Centro Médico Santa Rita forzó a derivaciones al Hospital Militar—, los afiliados del Este sufrieron la suspensión total del crédito en clínicas y sanatorios privados por deudas acumuladas, obligándolos a trasladarse más de 45 kilómetros o abonar las prestaciones de forma particular.
Un pasivo superior a los $210.000 millones y el crédito del IAF
El frente de conflicto laboral se desenvuelve sobre un complejo trasfondo financiero. Un informe de la auditoría interna del organismo (Informe N.º 09/25) reveló la evolución de la deuda de IOSFA durante el período en que la cartera de Defensa estuvo bajo la conducción de Petri.
El informe concluyó que el déficit estructural persistió a pesar de la inyección de fondos extraordinarios. Entre las operaciones bajo cuestionamiento se destaca un préstamo suscrito el 9 de enero de 2025 con el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) por $40.000 millones.
Destinado originalmente a equipamiento e infraestructura informática, el crédito se pactó a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 52,05% y un Costo Financiero Total (CFT) del 66,48%, lo que elevó el costo total proyectado a $88.404 millones. Al 30 de junio de 2025, la deuda con el IAF alcanzaba los $77.122 millones (monto no incluido en el pasivo operativo de $210.871 millones).
La causa judicial en Comodoro Py
El 6 de julio de 2026, la Cámara Federal porteña resolvió unificar las actuaciones judiciales en el despacho del juez Sebastián Ramos y del fiscal Ramiro González. La decisión del camarista Leopoldo Bruglia acumuló dos expedientes:
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Causa CFP 3611/2025 ("De Petri, Luis y otros s/malversación de caudales públicos"): Investiga anomalías en contrataciones directas de armamento y medicamentos (con montos de unos $25.000 millones en cada área), el endeudamiento general y un convenio que afectaba el 2% de la masa salarial del personal militar. En septiembre de 2025, la Policía Federal realizó un procedimiento en la sede del Ministerio de Defensa para retirar documentación.
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Denuncia por el crédito del IAF: Presentada por la diputada Marcela Pagano contra Francisco Adorni (ex titular del IAF) y Luis Petri, abocada al control y la renegociación del préstamo financiero.
El expediente incluye además contrataciones de medicamentos de alto costo por $71.520 millones en 2025, donde se detectaron variaciones de precio de hasta un 80% en productos idénticos comprados con pocos días de diferencia.
